Estatismo e informalidad
Porfirio
Cristaldo Ayala
Los empresarios advierten que el creciente sector informal que
afecta a más del 70% de la economía puede convertir al Paraguay en
un país inviable en la esfera internacional, eliminándolo del mapa
de las inversiones y negocios. Para combatir este mal están
organizando un "pacto ético" que certificará la conducta ética de
los empresarios y ayudará a formalizar a los numerosos "empresarios
fantasmas" que han hecho del mercado negro y la corrupción su
ventaja competitiva, dicen.

El pacto propuesto, sin embargo, confunde causa con efecto. El
inmenso sector informal no es sino el efecto visible del estatismo.
En el mundo, cuanto más estatistas son los países, mayor es su
pobreza, informalidad y corrupción. Por eso, en tanto no se
establezca una genuina economía de mercado, todo el esfuerzo para
combatir la informalidad será un fracaso, lo mismo que en la lucha
contra la corrupción y pobreza. De nada sirve atacar la informalidad,
corrupción y pobreza, si no se modifican las causas que lo originan:
el estatismo.
En el país, la mayoría de los que trabajan lo hacen doce o más horas
al día, no tienen seguridad social y cobran bastante menos del
sueldo mínimo legal. ¿Cómo solucionar esta informalidad? Una
posibilidad es que el Gobierno haga cumplir la ley, realizando
controles masivos y aplicando fuertes multas a los empleadores. El
resultado sería una catástrofe. Muchas personas perderían su trabajo
y quedarían en la calle. Se estima que en el mercado negro laboral
trabaja más del 60% de la población económica activa.
Los economistas enseñan que las leyes laborales populistas y los
salarios mínimos no adecuados a la productividad son las causas
principales de la desocupación y pobreza. Los empresarios informales,
que son los que crean más fuentes de trabajos, no pueden pagar a sus
empleados más de lo que estos producen. Tampoco pueden cumplir con
las leyes tributarias y ambientales, si pretenden mantenerse en el
negocio. Solo un reducido grupo de empresarios fuertes trabajan
legalmente y pueden cumplir con casi todas las normas.
En Paraguay, como en muchos otros países pobres, las leyes
excesivamente intervencionistas no se cumplen. El hecho que no se
cumplan, sin embargo, evita sus efectos más graves. Pocos empleados
ganan el salario mínimo y acceden a la seguridad social, pocos
empresarios pagan sus impuestos y cuentan con licencias y permisos
para operar sus negocios, y son mucho menos los que invierten en la
protección ambiental. Únicamente las grandes y medianas empresas
pueden operar en la formalidad. El resto sobrevive pagando coimas.
No hay "empresas éticas" entre las microempresas, vendedores
ambulantes, pequeños talleres, etc. Y no importa cuanta coerción se
les aplique no se conseguirá hacerles cumplir leyes absurdas e
inmorales. Para sacarlos de la clandestinidad es preciso simplificar
y bajar los impuestos, adecuar la ley laboral a la realidad y
eliminar los trámites caros y engorrosos requeridos para legalizar
las empresas. Los informales desean la legalidad pues los costos de
la corrupción, las malas leyes y la justicia ineficaz recaen sobre
ellos impidiéndoles progresar.
Pero en el país los pequeños empresarios que pretenden ser honestos
quiebran o se ven obligados a emigrar. Sobreviven los que se someten
a la corrupción. Pagan coimas a inspectores, policías, mafiosos y
jueces corruptos, a expensas de la expansión, modernización y
capitalización de sus empresas. Se hunden en el atraso. En cambio,
los empresarios amigos y los tramposos prosperan mediante las
ventajas, franquicias, privilegios que les da el gobierno. Los
buenos negocios generalmente les están reservados.
El pacto ético que los empresarios deben hacer es exigir al Gobierno
realizar las reformas de mercado, la desregulación y privatizaciones
que se precisan con urgencia para acabar con la informalidad,
corrupción y pobreza. No es el sector informal el que amenaza con
convertir al Paraguay en un país inviable, sino el estatismo
mercantilista que promueve, no a los empresarios que compiten y
producen decentemente, sino a los evasores y contrabandistas que
pagan buenas coimas a funcionarios y políticos.
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